La mañana del domingo, a solo horas del ataque incendiario al proyecto de la hidroeléctrica Rucalhue en Quilaco, Región del Biobío, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que por primera vez desde que se reformó la Ley Antiterrorista, el gobierno invocaría la normativa ante el mayor atentado de este tipo registrado en la Macrozona Sur.
Pero más allá del anuncio de Cordero, la acción judicial emprendida por el nuevo ministerio tiene como protagonista clave a quien también, recientemente, asumió las funciones de jefe jurídico en la estrenada cartera: José Tomás Humud Respaldiza (35). Humud, quien es abogado de la Universidad Católica desde 2016, es el encargado -junto a su equipo- de redactar la primera querella del Ejecutivo en materia antiterrorista.
Si bien aquello fue anunciado el domingo, hasta ahora la presentación no se ha materializado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara. Esto, aseguran fuentes de gobierno, precisamente por el minucioso trabajo que está desarrollando el profesional.
Y es que al tratarse de la primera querella del gobierno que invoca la nueva normativa y dado que han pasado años desde que no se presentan acciones judiciales bajo esa legislación. Humud está desarrollando un estudio acabado para redactar de manera precisa el texto considerando además las nuevas figuras penales que se deben y exigen probar.
Solo un día antes de que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar, el 1ºde abril a Humud se le comunicó que asumiría la jefatura jurídica. Hasta entonces él era funcionario del Ministerio del Interior donde arribó en noviembre del 2022.
En ese rol anteriormente mencionado tenía un papel importante al seguir los proyectos legislativos y apoyar las relaciones entre Congreso y Gobierno. Además tuvo varios pasos por comisiones legislativas durante su tiempo en Interior.
José Tomás Humud, hijo de los empresarios Miguel Humud y Ana María Respaldiza y hermano también abogado con una destacada trayectoria académica previa a su ingreso al mundo laboral como abogado penalista especializado principalmente en causas relacionadas con delitos económicos.
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